Recordemos que México no siempre fue un país que se ha regido mediante la democracia, ya que gran parte de su historia es como nación independiente, su sistema político desde la Revolución y hasta mediados de la década de 1990, fue establecido con un fuerte control sobre el ejercicio del poder, dominadas por el partido hegemónico, pese a ello si bien se permitía que los partidos de la oposición participaran en las elecciones, el partido hegemónico se aseguraba que estos no tuvieran posibilidades reales de derrocar al grupo dominante.

Para 1990, derivado del gran fraude electoral de las elecciones de 1988 se fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se creó la reforma electoral, con esta reforma se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), los cuales ayudaron a encaminar hacia una democracia a México; gracias a esto se han conseguido importantes logros democráticos en las últimas décadas, también se han realizado reformas en la Constitución lo cual se ha postulado México en un país mucho más democrático que en las décadas anteriores, lo social y político gozan de consenso, existen reformas y leyes sobre una concepción incluyente y sin discriminaciones de la ciudadanía, hay un marco legal para la protección de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, aunque no siempre es respetando a plenitud, el sistema electoral ha ido mejorando constantemente con las reformas políticas para lograr que en México exista una verdadera democracia y credibilidad a las Instituciones facultadas para realizar estas labores ante la sociedad mexicana.
De acuerdo con el marco conceptual propuesto por el Instituto Internacional para la Asistencia y la Democracia Electoral (IDEA por sus siglas en inglés), hay dos principios democráticos básicos: el control popular sobre la toma de decisiones públicas y sobre los que toman tales decisiones, y la igualdad entre los ciudadanos en el ejercicio de ese control (IDEA, 2002b: 11). Para aplicar estos principios se requiere un conjunto de valores mediadores los cuales son: participación ciudadana, autorización (a los gobernantes para que tomen decisiones colectivas), representación, rendición de cuentas, transparencia, capacidad de respuesta gubernamental y solidaridad. Es a partir de estos valores que las instituciones de gobierno representativo derivan su carácter democrático; y estos valores pueden utilizarse para evaluar en la práctica y ver qué tan democráticamente funcionan las instituciones, ya que la IDEA propone un marco de evaluación que se centra en cuatro dimensiones:

a) Ciudadanía, leyes y derechos;

Pb) Representación y responsabilidad gubernamental;

c) Sociedad civil y participación popular; y,

d) Democracia más allá de las fronteras del Estado.

A pesar de que México ha tenido un gran avance en la democracia con la implementación de marcos normativos e instituciones electorales, estas se han ido reformando mediante reformas jurídicas e institucionales, donde los aspectos centrales de la práctica política han consolidado el marco del Estado constitucional del derecho, el cual ha sido necesario para la construcción de una democracia legítima, estos cambios fueron los que se centraron en la competencia electoral, con el objetivo de crear la estructura autónoma de los procesos electorales, determinantes para el funcionamiento efectivo y la legitimidad de toda democracia, pero a pesar de estos avances debemos reconocer que el desarrollo ha sido desigual e imperfecto, los gobiernos que han surgido de las elecciones nos han quedado a deber, ya que existen problemas como la inseguridad, injusticia y corrupción que son y seguirán siendo el principal problema en la sociedad mexicana.

La democracia y la justicia son conceptos de relación esencial entre ellos, ya que estos formar parte de la vida cotidiana de los estados; por un lado la justicia es un componente y principio del estado democrático, pues este es un mecanismo del resguardo de la ley y a su aplicación sin distinciones, garantizando los derechos de las personas, estableciendo las obligaciones de todos y limitando el poder de los gobernantes, con el objetivo de evitar acciones arbitrarias para logar un equilibrio en la sociedad.

La justicia es la primera garantía para toda la ciudadanía, constituyéndose como la base sobre la cual se toman todas las decisiones de las instituciones, desde el más alto nivel de decisión como el Ejecutivo o el Legislativo, hasta el más operativo de los espacios de las administraciones públicas municipales, uno de los pilares que da equilibrio dentro de la democracia en el país es el poder Judicial, el cual garantiza la vigencia del orden constitucional, así como el establecimiento de los criterios de interpretación de todo el orden jurídico nacional y el marco jurisprudencial que rige en el territorio nacional.

Es entonces que el Estado en conjunto con las instituciones se deben de dar a la tarea de garantizar el acceso a la justicia para que todas aquellas personas que han sido víctimas, tanto de la delincuencia, como del estado logren acceder a mecanismos que les ayuden a obtener justicia y acceso a la reparación del daño, también que los poderes públicos como el Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia de los estados sean sometidos a controles y en caso de alguna injusticia o falta a las normas y leyes asuman sus responsabilidades legales y políticas, para así dar garantía y certeza jurídica de las decisiones que ahí se tomen, ya que si estos problemas siguen sin resolverse será difícil que nuestra democracia encuentre respaldo de la ciudadanía, pues esto pondría en duda la justicia y la protección del Estado a las personas.

Una plena ciudadanía exige procurar por la realización de todos los derechos humanos de cada persona, a fin de garantizar mejores condiciones de dignidad y bienestar colectivo.

Como vemos México tiene un enorme reto en esta materia, pues la inseguridad en la que vive la ciudadanía implica un desafío para la consolidación de la democracia, pues según el INEGI en 2020, a través de los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad se estima que dentro de los hogares mexicanos el 29.2% fue víctima de un delito y que solo el 8.4% de la víctimas denuncio dicho acto, esto demuestra como la ciudadanía no tiene confianza en las instituciones, pues la poca capacidad de respuesta de la autoridad contra el delito son un factor para la pérdida de confianza en el ministerio público y en el sistema judicial, así que es necesario que el gobierno y las instituciones garanticen el cumplimiento de los derechos y garantías, para dar un mejor acceso a la justicia y que esta sea aplicada siempre y en todo momento que sea requerida, garantizando la impartición de justicia dentro de la sociedad y no basta la igualdad ante la ley, se requiere generar condiciones de igualdad y equidad en el ejercicio de los derechos humanos.